La responsabilidad general y principal del Estado (arts. 71 y 72)

• Se reconoce explícitamente que los Estados asumen la responsabilidad general por el servicio de las prestaciones. Por ello, deben adoptar todas las medidas necesarias para garantizar que las prestaciones se proporcionen debidamente. Por lo tanto, el Estado tiene el deber de desarrollar progresivamente un marco jurídico que se ajuste a las disposiciones del Convenio.
• Los Estados también asumen la responsabilidad general de la buena administración de las instituciones y los servicios que intervienen en la implementación de las prestaciones de la seguridad social. Esto implica, en particular, que cuando el Estado no participa directamente en la administración de los regímenes de seguridad social (es decir, cuando un régimen es gestionado conjuntamente por trabajadores y empleadores o por organismos privados), sigue teniendo la responsabilidad última de garantizar la buena gobernanza y sostenibilidad del sistema.
• Los Estados también tienen la responsabilidad general y principal de garantizar la financiación de las prestaciones establecidas en la legislación nacional y la sostenibilidad financiera de los regímenes de protección social, en particular garantizando que los estudios y cálculos actuariales necesarios relativos al equilibrio financiero se realicen periódicamente y, en todo caso, previamente a cualquier modificación en el nivel de las prestaciones, las tasas de las cotizaciones al seguro o los impuestos destinados a financiar las prestaciones. Además, el Estado deberá garantizar el equilibrio financiero del sistema, incluso en períodos de crisis, y que se adopten disposiciones para minimizar el uso indebido de los fondos de la seguridad social.

Revisión de los pagos periódicos (arts. 65 y 66)

Las pensiones de vejez, accidentes del trabajo, invalidez y sobrevivientes deberán ajustarse cuando se produzcan cambios sensibles en el nivel general de los ingresos debido a cambios sensibles en el costo de la vida. Se trata de garantizar que los beneficiarios puedan mantener su poder adquisitivo, por ejemplo, en caso de inflación.

Igualdad de trato (art. 68)

Los residentes no nacionales deberán tener los mismos derechos que los nacionales, sin perjuicio de lo siguiente:

1. Cuando las prestaciones se financian exclusiva o de manera preponderante con fondos públicos, pueden aplicarse requisitos de calificación especiales a las personas nacidas fuera del territorio del país;
2. Cuando las prestaciones se proporcionan en virtud de un sistema de seguro social contributivo, los derechos de los nacionales de otro país pueden supeditarse a la existencia de un acuerdo bilateral o multilateral entre los países de que se trate.

Suspensión de las prestaciones (art. 69)

El Convenio establece una lista de casos en los que una prestación puede suspenderse parcial o totalmente. Esta lista es exhaustiva, por lo tanto, no se acepta ningún otro caso de suspensión. Los casos en los que se autoriza dicha suspensión pueden agruparse en tres tipos de situaciones:

1. La ausencia del interesado del Estado en el que se concede la prestación (es decir, no hay obligación de “exportar” las prestaciones a otros países, salvo que se hayan firmado acuerdos bilaterales o multilaterales a tal efecto);
2. Las situaciones en las que la persona es mantenida en instituciones financiadas con fondos públicos, como hospitales, prisiones y centros de rehabilitación, o con cargo a una institución de seguridad social; o es beneficiaria de otra prestación económica (que no sea una prestación familiar); o durante el período en que es indemnizada por un tercero;
3. Un conjunto de casos relacionados con la conducta personal del beneficiario, incluidos reclamaciones fraudulentas, delitos penales, una falta intencionada del interesado y circunstancias relacionadas con la pérdida del empleo, entre otras.

Derecho de reclamación y apelación (art. 70)

• El Convenio estipula que todo solicitante deberá tener derecho a apelar en caso de que se le niegue la prestación, o en caso de queja sobre su calidad o cantidad.
• Sin embargo, este derecho se limita cuando se trata de asistencia médica si la administración de esta asistencia esta confiada a un departamento gubernamental responsable ante un parlamento. En ese caso, el derecho de apelación puede sustituirse por el derecho a hacer examinar por la autoridad competente cualquier reclamación referente a la denegación o la calidad de la asistencia médica.

Financiación y administración adecuadas de las instituciones de seguridad social (art. 71)

• El Convenio núm. 102 permite a los Estados ratificantes un gran margen de maniobra en la organización de sus sistemas de seguridad social para garantizar un nivel general de protección que cumpla sus puntos de referencia mínimos. No obstante, estos regímenes deberán ser financiados colectivamente por medio de cotizaciones, impuestos o una combinación de ambos. La financiación colectiva excluye los regímenes de responsabilidad directa del empleador, en virtud de los cuales la carga de asegurar la seguridad de los ingresos del trabajador recae directamente sobre el empleador.
• El Convenio núm. 102 también exige que el nivel de las prestaciones se establezca mediante disposiciones jurídicas y, por lo tanto, sea previsible. Así pues, las prestaciones no deberían determinarse en la fecha de ocurrencia de la contingencia en función, por ejemplo, del comportamiento de los mercados bursátiles o de la evolución del producto interno bruto (PIB).
• Cualquier mecanismo utilizado para financiar las prestaciones de protección social deberá garantizar que las personas de bajos ingresos no sufran una carga onerosa por participar en el costo de la seguridad social. Algunos países consiguen esto mediante la subvención total o parcial de las cotizaciones de los trabajadores de bajos ingresos. Otros incluyen un límite en las contribuciones que se pueden pagar o adaptan los pagos de contribuciones a los niveles de ingresos.
• Cuando las prestaciones de protección social se financian mediante cotizaciones a la seguridad social, la parte total de las cotizaciones a cargo de los asalariados para todos los regímenes (con excepción de las prestaciones familiares y en caso de accidente del trabajo) no debe superar el 50 por ciento del conjunto de los recursos financieros destinados a la protección de los beneficiarios de dichos regímenes.
• Las personas protegidas participan en la gestión de las instituciones de seguridad social, principalmente a través de sus organizaciones representativas (como las organizaciones de trabajadores), cuando la administración del régimen no está confiada a una institución reglamentada por las autoridades públicas o a un departamento gubernamental responsable ante un parlamento. La participación de representantes de los empleadores y de las autoridades públicas en la administración también podrá ser regulada.

Mecanismos de seguro social voluntario (art. 6)

Aunque el enfoque principal del Convenio es el seguro obligatorio, el seguro voluntario puede considerarse, sujeto a que se cumplan las siguientes condiciones:

1. El mecanismo de seguro voluntario está controlado por las autoridades públicas o administrado por los interlocutores sociales de conformidad con las normas establecidas en las leyes y reglamentos nacionales;
2. El régimen de seguro voluntario cubre a un número apreciable de personas cuyas ganancias sean iguales o inferiores a las de una persona que realiza un trabajo manual calificado (tal como se define en el Convenio);
3. Se cumplen los puntos de referencia y los principios establecidos en el Convenio (por ejemplo, el nivel mínimo y la duración de la prestación).